Greenpeace condenada a pagar 345 millones de dólares a la operadora de los oleoductos Energy Transfer
Un tribunal del estado de Dakota del Norte ha dictado una sentencia que condena a Greenpeace a pagar 345 millones de dólares a la operadora de oleoductos Energy Transfer por los daños y perjuicios derivados de las protestas contra el oleoducto Dakota Access Pipeline. Este fallo, según la propia organización, marca un antes y un después en la relación entre activismo climático y responsabilidad civil.
La condena del tribunal estadounidense, emitida por el juez James Gion, confirma el veredicto que un jurado del condado de Morton había alcanzado en marzo de 2025. No obstante, se redujo la indemnización inicialmente concedida a cerca de la mitad. La cifra final establecida en la condena a Greenpeace es de un pago 345 millones de dólares a la operadora energética Energy Transfer, debido a los daños y perjuicios que se han estimado tras las protestas contra la construcción de un oleoducto en 2016 y 2017. Ante esta situación, se espera que ambas partes recurran ante la Corte Suprema de Dakota del Norte.
Un fallo polémico que pone en tensión activismo y libertad de expresión
Greenpeace International y las oficinas de Greenpeace en Estados Unidos anunciaron que apelarán la sentencia y solicitarán un nuevo juicio ante las autoridades judiciales de Dakota del Norte, al considerarla injusta y un intento de “silenciar” el activismo medioambiental. El fallo fue calificado por la organización como consecuencia de una demanda SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), una estrategia jurídica supuestamente diseñada para intimidar a grupos críticos y agotar sus recursos legales.
En un comunicado oficial, el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Mads Christensen, afirmó que “no nos callarán” y que la organización seguirá luchando por la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, un principio que consideran fundamental para hacer frente a la crisis climática y a los intereses de las grandes corporaciones. Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, destacó que la sentencia refleja “una realidad al revés: quienes luchan por un mundo más verde son criminalizados mientras los contaminadores operan con impunidad”.
Tras conocer la sentencia de 345 millones de dólares, Greenpeace ha dejado claro que agotará todas las vías legales disponibles, incluyendo apelaciones en Estados Unidos y procedimientos ante tribunales europeos bajo la nueva legislación anti-SLAPP. La organización sostiene que el resultado del juicio podría tener implicaciones importantes para el futuro del activismo climático y la protección del derecho a la protesta en sociedades democráticas.
La posición de Energy Transfer
La operadora energética Energy Transfer, propietaria de una participación mayoritaria en la empresa responsable del oleoducto Dakota Access, sostiene que la sentencia es un paso esencial para hacer rendir cuentas a Greenpeace por sus acciones “ilegales y dañinas” durante las protestas de 2016 y 2017. Según representantes de la empresa, las actividades de Greenpeace influyeron en la interrupción de la construcción y afectaron negativamente al negocio, argumentos que el jurado tomó en consideración al dictar su veredicto.
Aunque la sentencia ha suscitado críticas que la califican de sesgada e incompatible con el derecho a la protesta, Energy Transfer ha defendido el fallo como una victoria para las empresas que buscan proteger sus inversiones frente a acciones que etiquetan como difamatorias o perjudiciales.
El conflicto del oleoducto Dakota Access
Imagen espacial del conflicto DAPL
El caso se enmarca dentro del largo conflicto en torno al Dakota Access Pipeline, un oleoducto que transporta crudo a través de varios estados del medio oeste estadounidense y cuya construcción generó una ola de protestas coordinadas por comunidades indígenas y grupos medioambientalistas.
Estas manifestaciones denunciaban amenazas a fuentes de agua potable y a sitios culturalmente sagrados, una lucha que cobró relevancia internacional y atrajo la atención de numerosas ONG como Greenpeace. Debido a esta situación, el oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL) se convirtió en un foco de protesta nacional e internacional entre 2016 y 2017 cuando la tribu Standing Rock Sioux y miles de activistas se opusieron a su construcción en Dakota del Norte mediante unas protestas que se extendieron durante meses con campamentos, marchas y acciones no violentas que llamaron la atención sobre los potenciales impactos ambientales y sobre los derechos de soberanía tribal frente a grandes proyectos energéticos.
La condena de 345 millones a GreenPeace por las protestas frente a Energy Transfer puede marcar un punto de inflexión tanto para la organización como para los movimientos ecologistas. El fallo final puede condicionar en gran medida la capacidad de protestas sociales en materia energética en territorio estadounidense.